Diputado Jaime Araya presenta proyecto que endurece aplicación del arraigo de imputados que detenten cargos de elección popular
El caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, quien fue declarada culpable por el delito de fraude al fisco, condenada a cinco años de presidio efectivo y su posterior huida del país eludiendo a la justicia debido a que no se había decretado en su contra la medida cautelar de arraigo nacional, inspiró la presentación ante el Congreso de un Proyecto de Ley a fin de evitar situaciones futuras como la de Rojo Venegas.
“La medida cautelar de arraigo consiste en la prohibición de salir del país, o bien, de la localidad en la cual reside una persona imputada por un determinado delito, y debiera proceder siempre en aquellos casos en que a una persona se le imputen hechos delictivos que afecten la fe pública. Tal es el caso del delito de fraude al fisco, que muchas veces es cometido por personas que detentan cargos de elección popular, lo cual es doblemente reprochable”, explicó el diputado Araya.
El parlamentario, autor del Proyecto, señala: “Sin lugar a dudas que esto afecta profundamente el valor de nuestras instituciones democráticas y de sus autoridades, razón por la cual las y los parlamentarios firmantes de la presente moción nos ha llevado a reaccionar en el marco de nuestras atribuciones, a fin de evitar en el futuro situaciones como la descrita.”
Es por ello que se propone una modificación al Código Procesal Penal, en específico donde se consagra la medida cautelar de arraigo. En concreto, para el caso específico del delito de fraude al fisco establecido en el Código Penal, cuando la persona imputada sea investigada por hechos cometidos siendo ésta una autoridad que detente un cargo de elección popular, la fiscalía tendrá la obligación de solicitar el arraigo, conjuntamente con la solicitud de formalización.
“Lo anterior, nos preocupa ya que hay otras ex autoridades que están involucradas en situaciones irregulares en la administración y gestión de fondos municipales, como es el caso, por ejemplo de Vitacura, Las Condes o Maipú, que podrían derivar en responsabilidades penales referentes a recursos públicos”, indicó Jaime Araya.
