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DIPUTADA PÉREZ LLAMA AL GOBIERNO A GARANTIZAR DERECHO A VOTO INCLUYENDO A COVID POSITIVOS Y POBLACIÓN DE RIESGO

El próximo 25 de octubre chilenas y chilenos tendrán, de forma inédita en nuestra historia republicana, el derecho de decidir la posibilidad de tener una nueva Constitución para nuestro país y también el mecanismo por el cual se llevará a cabo ese proceso. En ese marco, impulsaremos el triunfo del Apruebo y una Convención Constitucional conformada en su totalidad por ciudadanos y ciudadanas, relevando siempre la importancia de resguardar la salud de todos y todas. Condición esencial para llevar a cabo un plebiscito en contexto de pandemia.

Pese a la relevancia de este proceso electoral impulsado por la propia ciudadanía, el gobierno liderado por el Presidente Sebastián Piñera se ha manifestado en contra de permitir que ejerzan su derecho a sufragio las personas diagnosticadas con Covid-19, que actualmente corresponden a cerca de 15 mil ciudadanos y ciudadanas.

Ante esto, como Bancada de Diputadas y Diputados del Frente Amplio instamos al Ejecutivo a ejercer su mandato constitucional impulsando mecanismos que permitan que todas y todos los chilenos puedan participar de esta decisión tan relevante.

Durante los últimos días el Servicio Electoral ha señalado como alternativa viable la opción de establecer un voto domiciliario para personas que hayan contraído el coronavirus, alternativa que nos parece totalmente posible y que impulsaremos en el Congreso.

El Estado, como garante de la democracia, debe realizar todos los esfuerzos para que cada una de las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, especialmente uno tan relevante como la posibilidad de decidir el futuro de nuestra sociedad.


En un país plenamente democrático como Chile, que por lo demás se ha destacado por su tradición de procesos electorales transparentes y confiables, sería imperdonable limitar los derechos de la ciudadanía. El plebiscito debe contar con la mayor participación posible por lo que todos y todas, sin importar el color político, debemos impulsar las medidas que
correspondan para cumplir esta condición. No podemos, como Estado, seguir avalando la construcción de una sociedad en la cual existan personas de primera y segunda categoría.

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