Destacó la transversalidad de la iniciativa, que fue suscrita por los senadores Alfonso De Urresti (PS), Luciano Cruz Coke (Evo) y Gustavo Sanhueza (UDI).
La senadora Paulina Núñez presentó un proyecto de reforma constitucional que crea la agencia contra la corrupción para abordar la crisis que han provocado las millonarias transferencias de dinero realizadas desde el Estado a fundaciones de carácter privado vinculadas a Revolución Democrática.
La legisladora explicó que “esta situación hace imprescindible recoger las medidas sugeridas en 2021 por el contralor general de la República al ministro de Hacienda y apunta a la creación de un organismo autónomo con patrimonio y recursos propios y un Consejo directivo de personas designadas por el Presidente de la República y ratificadas por los 2/3 del Senado, que elaboren un marco para prevenir hechos de corrupción dentro del aparataje estatal, actuar como querellante en causas que sean de público conocimiento o en las que estime pertinentes y entregue propuestas para cambios legislativos”.
Núñez subrayó que “es necesario tomar medidas para prevenir más hechos de esta naturaleza, que atentan contra la credibilidad, la institucionalidad y la misma democracia, porque es evidente que va mutando y el ordenamiento jurídico se queda atrás.” En esa línea, sostuvo que “debemos avanzar en medidas concretas y por eso hemos ingresado a esta reforma constitucional que cuenta con un apoyo transversal, porque lograr mayor transparencia es algo que no tiene color político y nos tiene que convocar a todos”.
Agregó que “la situación de la Fundación Democracia Viva en la región de Antofagasta, con triangulaciones delictuales que han desviado millones de pesos de los fondos públicos para beneficio particular y no de los más necesitados, es una muestra de la gravedad de la corrupción y lamentablemente no ha sido un hecho puntual sino que se observa un “modus operandi” que tiene abierta causas penales en prácticamente todo el país.”
El proyecto que reforma la Carta Magna tiene un artículo único que incorpora un Capítulo XI nuevo en la Constitución Política de la República, pasando el actual Capítulo XI a ser XII y así sucesivamente con los Capítulos posteriores en el siguiente sentido: “Capítulo XI AGENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN 4 Artículo 100 bis. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Agencia contra la Corrupción, tendrá por finalidad fomentar la prevención de la corrupción en los órganos del Estado, proponer medidas de modificaciones administrativas o legislativas encaminadas a dicho propósito, querellarse en casos graves y calificados, así como las demás funciones que una ley determine. La dirección y administración superior de la Agencia corresponderá a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Se renovarán por parcialidades de tres años. El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su Presidente. Para el caso de que no haya acuerdo, la designación del Presidente se hará por sorteo. Una ley regulará la composición, organización y demás funciones de la Agencia.”
